La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha declarado nulo el expediente de regulación de empleo, presentado por Tragsa, por lo que decreta la admisión de los trabajadores despedidos, así como el abono de los salarios que dejaron de percibir. Se trataba del mayor ERE de una empresa pública presentado hasta el momento en España. El juez ha comunicado esta decisión a CSI-F, una organización que está presente en este proceso y que ha valorado de forma "positiva" esta sentencia, ya que había advertido en el pasado que el ERE presentado por Tragsa era "desproporcionado".
La Sala de lo Social de la Audiencia ha establecido que existe causa para la nulidad del ERE por la forma en que fueron seleccionados los empleados que iban a ser despedidos. La sentencia establece que, en el caso de las Administraciones Públicas y entes del sector público, el "derecho de igualdad" en el empleo exige la "predeterminación" de criterios basados en la "igualdad, mérito y capacidad" y que la falta de vinculación a tales principios es causa de invalidación de los despidos. En este supuesto, la sentencia de la Audiencia Nacional ha señalado que "los criterios no han sido fijados en el periodo de consultas ni en su momento inicial ni en la decisión final, siendo totalmente imprecisos y permitiendo múltiples aplicaciones".
El expediente de regulación de empleo de Tragsa contemplaba un ajuste de 726 trabajadores, de los cuales 150 ya han sido despedidos, mientras que el juicio sobre Tragsatec, filial que también presentó otro ERE, se ha retrasado al 27 de mayo. Entre ambas empresas, la matriz pensaba despedir a 1.336 trabajadores.
Para justificar este ajuste, Tragsa había alegado al presentar el ERE en el mes de octubre una drástica caída de los ingresos que le llevarán a incurrir en unas pérdidas de 17 millones de euros al final de este ejercicio, y argumentó que el coste de personal, principal partida de gasto, no se ha reducido acorde a la fuerte caída productiva y al descenso de la cifra de negocio. La compañía alegaba que la drástica reducción de la inversión pública le obligaba a reducir su plantilla, dado que sus únicos clientes son las Administraciones.
Sin embargo, los sindicatos consideraban que la dimensión del ERE era excesiva respecto a los resultados de la empresa, asegurando que el ahorro conseguido con los despidos era el triple de lo que la compañía iba a perder en un año. Además, los trabajadores habían denunciado la falta de recortes en los cargos directivos y la contratación de eventuales.
El Grupo Tragsa presta servicios agrícolas, ganaderos y forestales a las Administraciones y su titularidad es 100% pública, siendo la tercera empresa que más ingresos aporta a la SEPI, detrás de Correos y casi a la misma altura que Navantia. Aunque la SEPI es su principal accionista con un 52%, el grupo está controlado por el Ministerio de Agricultura, que posee un 38% y designa a 8 de sus 15 consejeros.
- Una adjudicación bajo sospecha.
Pese a que la impugnación del ERE ante la Audiencia Nacional hacía pensar en una posible anulación, la empresa decidió comenzar los despidos sin esperar la resolución judicial, un proceso en el que se encontró con otro obstáculo legal debido a una cuestionada adjudicación en concurso público por valor de un millón de euros, correspondiente al plan de recolocación de los despedidos, como publicó El Confidencial.
El citado concurso se puso en marcha el pasado noviembre en cumplimiento de la obligación legal que exige contratar los servicios de una agencia de recolocación que ayude a los empleados despedidos a encontrar lo antes posible otro puesto de trabajo. El pliego incluía dos concursos con las mismas condiciones para Tragsa y Tragsatec, de 500.000 euros cada uno, y fue adjudicado a la compañía Lee Hecht Harrison (Grupo Adecco).
Sin embargo, una de las empresas que también había concurrido sin resultar elegida presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales al entender que la adjudicación se había realizado de forma arbitraria sin atender a los criterios técnicos y económicos pertinentes. El tribunal, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, decretó de forma inmediata la suspensión del contrato ante los indicios de irregularidades, pero el Grupo Tragsa comenzó a entregar notificaciones de despido pese a que la empresa de recolocación no estaba legalmente contratada.
Tras la publicación por parte de este diario de las irregularidades que se estaban cometiendo en el proceso, el citado tribunal perteneciente a Hacienda tardó menos de 24 horas en decretar que las actuaciones eran correctas, lo que ocurrió con fecha del 27 de febrero. Curiosamente, en su resolución hecha pública más adelante, el tribunal aseguró que el contrato con Lee Hecht Harrison se había firmado el día 28 de febrero, el primer día en el que se podía hacer de manera formalmente legal. Esta serie de coincidencias temporales inducían a pensar que Hacienda no quería correr el riesgo de que una pequeña cuestión formal pudiera anular un ERE de estas dimensiones, pero finalmente ha sido la Audiencia Nacional la que ha dado al traste con el proceso.
(Álvaro Rigal, Agencias, El Confidencial)