La política de recortes da un hachazo de 6.870 millones a la educación desde 2009

España gasta lo mismo que hace siete años

La política de recortes ha afectado a casi todas las partidas del presupuesto, pero no ha pasado de largo en el caso de la educación. Al contrario. Un par de datos lo revelan. En el año 2012, últimas cifras publicadas, el gasto en educación cayó en nada menos que 4.248 millones de euros respecto del año anterior. El gasto total bajó hasta los 46.030 millones, lo que significa que hoy España gasta en educación lo mismo que en 2007.

No se trata de un fenómeno singular vinculado a un ejercicio. Desde 2009, al comienzo de la política de recortes, el gasto en educación ha descendido en 6.872 millones de euros, lo que da idea de la política de ajustes que se ha cebado en el sector. El recorte representa un descenso del 13,5%

Esto significa que la educación ha pasado de suponer el 5,05% del PIB al 4,47%. Pero si la comparación se hace respecto del gasto público total, el resultado es, igualmente, elocuente: representaba más del 11% durante los años anteriores a la crisis, pero en 2012 únicamente ha llegado al 9,37%.

Se cumplen 11 años del asesinato de José Couso

Centenares de personas se han concentrado este domingo frente a la embajada estadounidense en Madrid para pedir justicia por la muerte de José Couso, coincidiendo con el undécimo aniversario de su muerte.


(Europa Press)

La familia Carulla evita juicio por fraude fiscal pagando 6,4 millones a Hacienda

Solo Luis Carulla ha sido acusado

Solución pactada del caso Carulla. El Juzgado de Instrucción nº4 de Barcelona ha informado este viernes de la decisión de sobreseer los cargos de fraude fiscal que pesaban sobre cinco de los seis hermanos Carulla Font, propietarios del grupo empresarial Agrolimen, tras alcanzar un pacto de conformidad entre la Fiscalía, el abogado del Estado y la defensa que incluye el pago de 6,4 millones euros a Hacienda, justo la cantidad que reclamaba la Agencia Tributaria.

El único condenado por delitos fiscales es Lluís Carulla Font, presidente ejecutivo del grupo, para quien solicitan cinco penas de cuatro meses de prisión, que tras el acuerdo con la fiscalía "se sustituirán por otras tantas penas de 8 meses de multa con cuota diaria de 6 euros". De esta manera, la familia catalana zanja una causa por la que la Fiscalía les acusaba por defraudar 61 millones de beneficios a través de compraventa de acciones entre sociedades de su grupo, algunas con sede en paraísos fiscales.

La Casa Real se pronuncia sobre el libro del 23-F

La periodista Pilar Urbano presentaba hoy su último libro "La gran desmemoria". Durante la presentación, la escritora aseguró que el 23-F "Empezó en la Zarzuela" y que el Rey formó parte de ella hasta dos semanas antes de que Antonio Tejero entrara al Congreso. La Casa Real no ha tardado en pronunciarse al respecto y ha emitido un comunicado en el que deja clara su postura.

CCOO se querella contra López del Hierro. Una grabación destapa que el contrato del marido de Cospedal con Liberbank era falso

Todo fue un montaje: ni Ignacio López del Hierro prestó servicio alguno a Liberbank ni firmó ningún contrato con esta entidad, que le paga casi 80.000 euros anuales desde 2011 por un supuesto asesoramiento inmobiliario. Así se desprende de la grabación a un directivo del banco que el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha incluido en la querella que presentará en las próximas horas ante la Audiencia Nacional, a través de su federación de banca, contra el marido de la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, y la cúpula de Liberbank, el banco resultante de la fusión de Cajastur, Caja Castilla-La Mancha, Caja Cantabria y Caja Extremadura.

Los querellados, además de López del Hierro, son Manuel Menéndez, presidente de Liberbank; Felipe Fernández, exdirector del Área Empresarial de la entidad y actual consejero; Jesús María Alcalde, exdirector de la Asesoría Jurídica y ahora consejero; Fernando Martí Scharfhausen, exsecretario de Estado de Energía y actual presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, y la esposa de este, María Jesús Solano, que también recibieron pagos de Liberbank a través de una mercantil de la que ambos son socios. A todos ellos se les atribuyen, alternativamente, los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal.

La querella se acompaña de la transcripción de una conversación entre un miembro del comité de empresa de Bancantabria –filial de Liberbank– y Fernando Soto, exdirectivo de aquella entidad y apoderado de Bancantabria Renting, la sociedad que abona casi 7.000 euros mensuales a López del Hierro a través de la mercantil Hilo de Inversiones S.L., en la que este figura como administrador único. En la grabación, Soto afirma: "No existe tal contrato [con Hilo de Inversiones]. No lo hemos firmado ni Antonio ni yo". Se refiere a Antonio Huesca, exdirector general de Bancantabria Renting, que fue destituido en 2012 por negarse a pagar a López del Hierro a cambio de nada y sin contrato.

La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Díaz Ferrán y ocho para Ángel de Cabo por el vaciamiento de Viajes Marsans

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de presentar su escrito de acusación en el que pide quince años de cárcel para el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, actualmente en prisión, por el vaciamiento de Viajes Marsans. Le acusa de un delito de alzamiento de bienes, otro de concurso fraudulento, blanqueo de capitales y uno de integración en grupo criminal. También le piden cinco millones de euros de multa en caso de ser condenado.

Asimismo, el fiscal Daniel Campos solicita para el ‘liquidador’, Ángel de Cabo, ocho años de cárcel. En su caso, se le ha rebajado la petición porque ha estado colaborando con la Policía en la búsqueda de parte del dinero y, sobre todo, en obtener más pruebas contra Díaz Ferrán, según consta en el último informe de la UDEF.

Según el escrito del fiscal, con la finalidad de hacer desparecer de su patrimonio “cuantos bienes pudieran servir para satisfacer sus deudas, Díaz Ferrán procedió a transferir algunos de sus inmuebles de los que disfrutaba a sociedades controlados por De Cabo”, una vez que Viajes Marsans comenzaba a pasar por graves dificultades económicas.

Ruz admite una querella contra Jordi Pujol Ferrusola por utilizar testaferros en Rumanía

Con supuestos correos entre España y Andorra

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido a trámite una querella interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra Jordi Pujol Ferrusola que aporta nuevos datos sobre presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias. En el escrito se acusa al hijo del exdirigente catalán de, entre otras cosas, utilizar a personas que figuran como administradores de diversas sociedades de las que su verdadero titular es el querellado.

Según el auto al que ha tenido acceso El Confidencial, del “examen del contenido de la querella se desprenden elementos suficientes para su admisión a trámite”, en los términos informados por el Ministerio Fiscal en su dictamen de 24 de marzo.

Ruz, que fija una fianza de 20.000 euros a Manos Limpias para poder presentarse como acusación popular, explica que de la querella se desprende “la posible apariencia delictiva de lo narrado en la misma, y pudiendo ser constitutivos, cuando menos, de un supuesto delito de bloqueo de capitales, sin perjuicio de la calificación jurídica contenida en el escrito de querella”.

El ejército marroquí entra en Melilla para expulsar a inmigrantes

Tras el salto del pasado viernes un grupo de militares marroquíes entró a la zona de entre vallas y se llevó a un grupo de inmigrantes

No es la primera vez que se pilla in fraganti a la Guardia Civil expulsando ilegalmente inmigrantes a través de la valla de Melilla pero lo sucedido el pasado viernes no tiene precedentes. "Por primera vez el Ejército marroquí entró a Melilla para sacar a los inmigrantes de la zona entre vallas, que es claramente suelo español, las deportaciones son siempre ilegales cuando no se identifica a las personas pero además en este caso alguien debería explicar por qué de dejó a los marroquíes entrar a nuestro país a llevarse a los inmigrantes en contra de nuestra legislación" denuncia José Palazon presidente de la ONG Prodein que ha distribuido fotografías y un vídeo que muestran las devoluciones ilegales de inmigrantes, que a pesar de entrar a territorio español, son expulsados a Marruecos, "sin ser identificados y sin que se sepa por ejemplo si podrían tener derecho de asilo". Estas imágenes se corresponden al intento de entrada de un grupo de personas a través de la valla de Melilla, el pasado viernes 28 de marzo, en la zona comprendida entre el cementerio musulmán y el propio Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes

"En estas deportaciones ha habido dos novedades: la primera que se hicieron a plena luz del día sin esconderse y delante de todos; la segunda es que las fuerzas marroquíes entraron a suelo español, detuvieron a los inmigrantes, y se los llevaron a Marruecos otra vez a base de palizas. Parece que se tratara de un paso más para compartir la soberanía de Melilla entré ambos países" denuncia José Palazon, presidente de la ONG Prodein, una de las más activas de la ciudad autónoma en la defensa de los derechos de los migrantes.

La Audiencia Nacional declara nulo el ERE de Tragsa, el mayor de una empresa pública

'El Confidencial' había denunciado irregularidades

La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha declarado nulo el expediente de regulación de empleo, presentado por Tragsa, por lo que decreta la admisión de los trabajadores despedidos, así como el abono de los salarios que dejaron de percibir. Se trataba del mayor ERE de una empresa pública presentado hasta el momento en España. El juez ha comunicado esta decisión a CSI-F, una organización que está presente en este proceso y que ha valorado de forma "positiva" esta sentencia, ya que había advertido en el pasado que el ERE presentado por Tragsa era "desproporcionado".

La Sala de lo Social de la Audiencia ha establecido que existe causa para la nulidad del ERE por la forma en que fueron seleccionados los empleados que iban a ser despedidos. La sentencia establece que, en el caso de las Administraciones Públicas y entes del sector público, el "derecho de igualdad" en el empleo exige la "predeterminación" de criterios basados en la "igualdad, mérito y capacidad" y que la falta de vinculación a tales principios es causa de invalidación de los despidos. En este supuesto, la sentencia de la Audiencia Nacional ha señalado que "los criterios no han sido fijados en el periodo de consultas ni en su momento inicial ni en la decisión final, siendo totalmente imprecisos y permitiendo múltiples aplicaciones".

El expediente de regulación de empleo de Tragsa contemplaba un ajuste de 726 trabajadores, de los cuales 150 ya han sido despedidos, mientras que el juicio sobre Tragsatec, filial que también presentó otro ERE, se ha retrasado al 27 de mayo. Entre ambas empresas, la matriz pensaba despedir a 1.336 trabajadores.