Solución pactada del caso Carulla. El Juzgado de Instrucción nº4 de Barcelona ha informado este viernes de la decisión de sobreseer los cargos de fraude fiscal que pesaban sobre cinco de los seis hermanos Carulla Font, propietarios del grupo empresarial Agrolimen, tras alcanzar un pacto de conformidad entre la Fiscalía, el abogado del Estado y la defensa que incluye el pago de 6,4 millones euros a Hacienda, justo la cantidad que reclamaba la Agencia Tributaria.
El único condenado por delitos fiscales es Lluís Carulla Font, presidente ejecutivo del grupo, para quien solicitan cinco penas de cuatro meses de prisión, que tras el acuerdo con la fiscalía "se sustituirán por otras tantas penas de 8 meses de multa con cuota diaria de 6 euros". De esta manera, la familia catalana zanja una causa por la que la Fiscalía les acusaba por defraudar 61 millones de beneficios a través de compraventa de acciones entre sociedades de su grupo, algunas con sede en paraísos fiscales.
Este acuerdo permite a la familia Carulla regularizar su situación con Hacienda después de que la causa judicial se abriera paso gracias a la perseverancia de la Fiscalía, que tuvo que sobreponerse al archivo de la causa hasta en dos ocasiones por parte del titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona. El pasado mes de junio, la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir por segunda vez la causa judicial al entender que el juez instructor asumió una función de enjuiciamiento que no le correspondía.
En un auto, la sección séptima de la Audiencia de Barcelona revocó el sobreseimiento de la causa al considerar que existen indicios de criminalidad en la actuación de los hermanos Carulla, propietarios de la compañía Agrolimen. El juez de instrucción sobreseyó inicialmente la causa en octubre de 2012, que tuvo que reabrir en enero de 2013 a instancias de la Audiencia de Barcelona y la volvió a archivar en abril, tras concluir que los millones que se creían evadidos correspondían a una recolocación de fondos regular entre sociedades del grupo.
Tras este segundo archivo, la fiscalía recurrió de nuevo ante la Audiencia de Barcelona, en un escrito en el que denunciaba que el juez instructor, Josep Maria Miquel Porres, cometió un acto "que no admite otra calificación que la de abierta insubordinación" al cerrar la causa "sin aportar ningún fundamento ni argumento distintos de los que ya intentó poner de manifiesto, sin éxito, en su anterior resolución (de archivo) que fue revocada".
Además, la Fiscalía ponía de relieve que el juez había archivado la causa pese a que había recibido el informe definitivo de la Agencia Tributaria, que cifraba las cantidades supuestamente defraudadas por los hermanos Carulla en el IRPF de 2006: 330.840 euros, Artur; 330.840 euros, Lluis; 326.772 euros, Aurèlia; 330.528 euros, Montserrat; 330.834 euros, María; y 435.080 euros, Jordi.
El informe definitivo de Hacienda también ponía de relieve que la sociedad Arborinvest SA, propiedad de los hermanos Carulla, debió haber practicado retenciones por importe de 9,2 millones de euros. En su nuevo auto, la sección séptima de la Audiencia lamenta que el juez instructor ha vuelto a asumir "una función de enjuiciamiento que no le corresponde", al igual que ya le recriminó cuando ordenó reabrir el caso en enero pasado.
El juez Josep Maria Miquel Porres acordó por segunda vez el archivo de la causa en abril pasado al concluir que los 61 millones investigados a raíz de un informe inicial de Hacienda derivaron de operaciones regulares desarrolladas entre las sociedades de la corporación Agrolimen y no supusieron beneficios para los imputados, por lo que los hermanos Carulla no debían tributar por ellos en sus declaraciones del IRPF. Al final, los hermanos han preferido pagar y quedar en paz con Hacienda.
(El Confidencial)