Solución pactada del caso Carulla. El Juzgado de Instrucción nº4 de Barcelona ha informado este viernes de la decisión de sobreseer los cargos de fraude fiscal que pesaban sobre cinco de los seis hermanos Carulla Font, propietarios del grupo empresarial Agrolimen, tras alcanzar un pacto de conformidad entre la Fiscalía, el abogado del Estado y la defensa que incluye el pago de 6,4 millones euros a Hacienda, justo la cantidad que reclamaba la Agencia Tributaria.
El único condenado por delitos fiscales es Lluís Carulla Font, presidente ejecutivo del grupo, para quien solicitan cinco penas de cuatro meses de prisión, que tras el acuerdo con la fiscalía "se sustituirán por otras tantas penas de 8 meses de multa con cuota diaria de 6 euros". De esta manera, la familia catalana zanja una causa por la que la Fiscalía les acusaba por defraudar 61 millones de beneficios a través de compraventa de acciones entre sociedades de su grupo, algunas con sede en paraísos fiscales.